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La edición de este año de la EU Community of Practice on Peace Mediation 2026, celebrada bajo el lema «La mediación para la paz en la era de la política de poder», brindó una valiosa oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la construcción de paz en el panorama político mundial actual.

Organizado por el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y el Servicio de Instrumentos de Política Exterior (FPI), en colaboración con un Comité Directivo del que forma parte el Instituto Europeo para la Paz, el encuentro de dos días reunió a responsables políticos, profesionales de la mediación, expertos y representantes de la sociedad civil de dentro y fuera de la UE para compartir conocimientos, experiencia y enfoques innovadores en materia de construcción de paz. El Instituto contribuyó al debate con dos paneles. El primero, sobre Gaza (más detalles en la versión en inglés de este artículo), y el segundo, detallado abajo, sobre Colombia.

Los minerales críticos como motor de conflicto en Colombia

El panel, titulado «Minerales críticos y conflicto fronterizo en Colombia: diálogo con actores armados no estatales a través de la construcción de paz ambiental», estuvo moderado por nuestra directora ejecutiva adjunta, Stine Lehmann-Larsen, en conversación con Jorge Mantilla (experto en gobernanza criminal, fronteras y conflicto armado), Rodrigo Botero (director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible) y Harry Verhoeven (asesor sénior de Economía Política del EIP).

El debate abordó los minerales críticos y estratégicos como motores del conflicto armado en Colombia, donde, en algunas regiones, la minería ilegal ha superado a la cocaína como principal fuente de ingresos de los grupos armados no estatales. La conversación resultó especialmente oportuna por tres motivos: el nuevo Gobierno colombiano está virando hacia un enfoque centrado en la seguridad y alejándose de las soluciones negociadas; estas economías de conflicto traspasan fronteras, sobre todo hacia Brasil, Ecuador y Venezuela, y Colombia no puede hacerles frente en solitario; y, a medida que la UE busca acceso a materias primas críticas, las políticas, inversiones y decisiones de compra europeas corren el riesgo de alimentar economías de conflicto, salvo que se diseñen para contribuir a crear alternativas.

Los participantes debatieron si la gobernanza de los minerales puede dejar de ser un motor de conflicto para convertirse en la base del desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, y qué podría impulsar de forma realista a los actores armados y a las comunidades hacia las economías lícitas.

Surgieron tres ideas principales. En primer lugar, la gobernanza de los minerales no es solo una cuestión de regulación o de gestión de recursos: controlar la minería implica controlar cómo vive la gente en su territorio y cómo se relaciona con él. En Colombia, está especialmente ligada al control territorial de los grupos armados, a su financiación y a sus relaciones con las comunidades.

En segundo lugar, el Estado no puede vencer al mercado solo por la fuerza; las medidas de seguridad no desmantelarán las economías de la minería ilegal a menos que la legalidad pase a ser la opción más rentable. Reducir los incentivos para la violencia exige, además, abordar los medios de vida, la gobernanza de los recursos naturales y los costes ambientales de la extracción.

En tercer lugar, Europa tiene un papel que desempeñar, pero los compromisos de abastecimiento responsable no bastan por sí solos. Su implicación debe basarse en el conocimiento local, en una participación significativa de las comunidades y en una comprensión clara de cómo afecta la inversión al conflicto, y debe diferenciarse de los acuerdos transaccionales entre élites y actores armados.

Por este motivo, el Instituto Europeo para la Paz está explorando la construcción de paz ambiental en Colombia, con el fin de evaluar si el diálogo en torno a la gobernanza de los minerales puede generar alternativas a las economías ilícitas, reducir los riesgos de conflicto y producir dividendos de paz en beneficio de las comunidades afectadas.